Esta es la historia de María, una migrante venezolana, que después de probar su suerte en Ecuador terminó arriesgándolo todo cruzando el Tapón del Darién para llegar a Estados Unidos escapando de la violencia de ese país. Un año más tarde toma la dura decisión de traer a sus pequeños hijos y a su mamá por ese peligroso camino.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió cuando fue elegido en 2018 determinar la verdad sobre una de las atrocidades no resueltas más infames del país: el secuestro y desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. En lugar de ello, ha permitido que sus aliados en el Ejército obstruyan la investigación, ocultando pruebas clave que los expertos creen que podrían contener información sobre lo que les sucedió a los estudiantes. El presidente López Obrador debería usar su autoridad para obligar al Ejército a divulgar la información que tiene de la noche en que desaparecieron los estudiantes. Y los amigos y aliados de México deberían instar al presidente a cumplir su palabra y garantizar que haya una investigación creíble sobre la desaparición de los estudiantes.

La respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU a la escalada de la crisis debe defender los derechos

Los países de América Latina y el Caribe deben ratificar el Tratado de Escazú

(Ciudad de Panamá, 31 de julio de 2023) – La subida del nivel del mar y la falta de espacio para vivir amenazan los derechos de la comunidad indígena Guna que vive en la pequeña isla panameña de Gardi Sugdub, también conocida como “Isla Cangrejo”, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La comunidad comenzó a planificar su reubicación a tierra firme en 2010, pero hasta ahora nadie ha podido trasladarse.   El informe de 52 páginas, “‘El mar se está comiendo la tierra debajo de nuestras casas: Ante el hacinamiento y la subida del nivel del mar, una comunidad indígena planea su reubicación”, documenta por qué la comunidad de Gardi Sugdub decidió reubicarse y cómo los retrasos del gobierno y el apoyo incompleto a la reubicación han paralizado el traslado y dejado a la comunidad en el limbo. (En este enlace puede leer el resumen y nuestras recomendaciones. El informe completo se dará a conocer en los próximos días.) Human Rights Watch constató que, si bien algunos aspectos del apoyo del gobierno panameño y del Banco Interamericano de Desarrollo a la comunidad han sido ejemplares, se necesitan medidas urgentes para garantizar el respeto por los derechos de los miembros de la comunidad en la reubicación.

El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los abusos se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente.

Se debe investigar a mandos y altos funcionarios

Manifestantes y transeúntes fallecidos por lesiones sufridas durante manifestaciones en el Perú desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023.

Tirana Hassan, Nueva Directora Ejecutiva de Human Rights Watch