Empecemos por lo básico: todo el mundo tiene derecho a pedir asilo en otro país.
Esto no significa que cualquier persona pueda vivir donde quiera. No. Significa que tienes derecho a pedir asilo, y las autoridades tienen que estudiar tu caso individual y tratarte con humanidad mientras tanto. Esto se basa en la legislación internacional sobre derechos humanos y refugiados y, en la Unión Europea, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
En los últimos años, parece que muchos políticos de la Unión Europea han olvidado este punto fundamental y la obligación de las autoridades de defender estos derechos. Sin embargo, con la próxima llegada de los nuevos dirigentes de la UE, se presenta la oportunidad de replantearse la situación y volver a lo básico.
Los dirigentes europeos han llevado a cabo políticas verdaderamente terribles. Los lectores habituales recordarán lo que equivale a un planteamiento de "dejarlos morir" con respecto a los barcos de refugiados en el Mediterráneo. Las autoridades de países de la UE como Grecia y Polonia han tratado a los trabajadores humanitarios como delincuentes cuando intentaban ayudar a los desesperados solicitantes de asilo.
En Croacia, miembro de la UE, las autoridades han maltratado físicamente a los solicitantes de asilo en la frontera con métodos tan terribles que violan la prohibición internacional de la tortura, mientras la UE se limitaba a darles la espalda.
Otro método abusivo al que recurren cada vez más los gobiernos de la UE es lo que se denomina "externalización", "subcontratación" o "deslocalización" a terceros países, es decir, enviar a los solicitantes de asilo a países de fuera de la UE para su procesamiento. Las autoridades hacen caso omiso de sus obligaciones legales y pagan a otros países para que hagan su trabajo.
Los Estados miembros de la UE no están solos en esto, por supuesto. Recordemos los abusivos y costosos fracasos de Australia con la "deslocalización" y los crueles y costosos intentos del Reino Unido de enviar solicitantes de asilo a Ruanda.
En la UE, al menos 15 Estados miembros han respaldado este tipo de medidas para trasladar la tramitación del asilo fuera de su territorio. Un ejemplo destacado es el dudoso acuerdo de Italia con Albania. El plan, dotado con 700 millones de euros, pisotea los derechos de los solicitantes de asilo, que podrían verse sometidos a una detención prolongada y a un limbo jurídico.
Sin embargo, ahora nos encontramos -esperemos- en un momento de posible cambio para la UE. Con las recientes elecciones europeas y la formación de una nueva Comisión Europea (aunque incluya algunas caras antiguas), se abre una nueva oportunidad para replantear todas estas políticas y conseguir que la UE y sus países miembros trabajen dentro de unos límites legales y morales.
Una nueva declaración de 95 grupos humanitarios y de derechos humanos llama la atención sobre la "externalización" en particular. En ella se recuerda a los dirigentes de la UE que trasladar a los solicitantes de asilo para su tramitación a países de fuera de la UE es incompatible con sus obligaciones jurídicas internacionales y europeas.
Esperemos que los líderes de la UE aprovechen este momento para volver a lo básico en materia de asilo y se comprometan a respetar los derechos fundamentales.
