Ayer, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que está solicitando órdenes de detención contra cinco altos cargos en relación a graves crímenes internacionales cometidos en Israel y Palestina desde el 7 de octubre.
Es una noticia esperanzadora.
Durante demasiado tiempo, las víctimas de graves abusos en Israel y Palestina se han enfrentado a un «muro de impunidad», en el que los autores han salido impunes de sus crímenes. Y como ocurre con todos los delitos en todas partes, cuando nunca se castiga a nadie por ellos, los mismos delitos tienden a repetirse una y otra vez.
La decisión adoptada ayer por la Corte Penal Internacional (CPI) supone un primer paso que abre la puerta a la justicia mediante juicios justos.
Entre los cinco altos cargos nombrados hay tres de Hamás y dos del gobierno israelí.
Por parte de los primeros, Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, jefe del ala militar de Hamás; e Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás.
El fiscal enumeró ocho acusaciones distintas contra estos dirigentes de Hamás por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos incluyen exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y tortura, entre otros.
En el segundo bando, el fiscal nombró a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y a Yoav Gallant, ministro de Defensa israelí.
El fiscal enumeró siete acusaciones distintas contra estos dirigentes israelíes de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre ellos se incluyen la inanición de civiles como método de guerra y el exterminio y/o asesinato, entre otros.
Muchos acogieron con satisfacción la decisión del fiscal, pero algunos sectores reaccionaron con dureza, sobre todo los políticos estadounidenses (republicanos y demócratas, incluido Biden) que querían ser vistos como partidarios de Israel.
Algunos argumentaron que, al incluir a personas de ambos bandos en su petición, el fiscal sugería una equivalencia moral entre Hamás y el gobierno de Israel. Los partidarios de Hamás y los partidarios del gobierno israelí se opusieron a cualquier equivalencia moral, cada uno por sus propios motivos.
Pero todas las autoridades y partes beligerantes están obligadas por el derecho internacional y la protección que éste ofrece a los civiles, independientemente de lo que haga la otra parte. Karim Khan fue claro al respecto en su declaración de ayer:
"Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil -nadie- puede actuar con impunidad".
Continuó diciendo acertadamente que nada puede justificar la toma de rehenes o los ataques contra civiles, y nada puede justificar que se prive deliberadamente a los civiles, incluidos innumerables niños, de las necesidades básicas de la vida.
Merecerá la pena observar lo que sucede a continuación, cuando los jueces de la CPI decidan sobre estas solicitudes de órdenes de detención. Cabe esperar más intentos de interferir en la labor de la CPI, por parte de Estados Unidos (que, por cierto, no es miembro de la CPI) y de otros países.
Los países miembros de la CPI deben defender la independencia de la CPI frente a estas presiones hostiles, incluso haciendo declaraciones claras de apoyo a la independencia del tribunal.
La actuación de ayer del fiscal de la CPI fue un paso hacia la tan necesaria justicia en la región, diez años después de que la CPI iniciara por primera vez su investigación sobre la situación en Palestina. Las víctimas de la región, de todos los bandos, se lo merecen.
