EE.UU.: Ex-detenidos describen torturas no reportadas de la CIA
Amenazas con una silla eléctrica, palizas con porras y diversas torturas con agua
![CIA detainee torture abuse 2](https://www.hrw.org/sites/default/files/styles/square/public/multimedia_images_2016/hrw_tunisians_final_v5_page_2.png?itok=B1f7U8N4)
Los actos violentos perpetrados por organizaciones no estatales contra la población general con fines políticos son delitos aberrantes que, cuando tienen carácter generalizado o sistemático, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Human Rights Watch repudia estos actos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger [a personas/a quienes estén en su jurisdicción] de ataques extremistas, pero deben asegurar que todas las medidas contra el terrorismo respeten los derechos humanos. Human Rights Watch observa las acciones de gobiernos y organismos intergubernamentales contra el extremismo violento, para asegurar que no cercenen los derechos a la vida, a no sufrir tortura ni maltrato, y a un juicio justo. También condenamos a los gobiernos cuando persiguen a minorías o reprimen los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica invocando para ello motivos de seguridad. Tales medidas no solo son ilegítimas conforme al derecho internacional, sino además contraproducentes.
28 de noviembre de 2019
26 de marzo de 2018
Amenazas con una silla eléctrica, palizas con porras y diversas torturas con agua
Los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los Mapuche en el sur de Chile
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Los líderes de los partidos deberían reivindicar los derechos de defensa de las personas sospechadas de terrorismo
En jaque los derechos de libertad de expresión, privacidad y juicio justo
Trump debería continuar la publicación de información y el respeto a las obligaciones legales
Amenazas con una silla eléctrica, palizas con porras y diversas torturas con agua
Firma la petición para que se permita el regreso del informante a EE.UU.
Una campaña de alto perfil trata de conseguir que el informante regrese sano y salvo
Panel señala que la “aplicación incorrecta” de una Resolución vulnera derechos