El Senado de República Dominicana está próximo a aprobar un proyecto de ley sumamente problemático para un nuevo Código Penal. El proyecto de ley, aprobado por el Senado en primera lectura el 26 de junio, mantiene la prohibición total del aborto en el país. Además, reduce las penas por violencia sexual dentro del matrimonio, clasificada como 'actividad sexual no consentida', y continúa excluyendo la orientación sexual de la lista de características protegidas contra la discriminación, por lo tanto, no proporciona una protección igualitaria a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).
República Dominicana es uno de los cinco países en América Latina y el Caribe que mantiene una prohibición total del aborto e lo sanciona con el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan abortar, así como a quienes las asisten. Durante décadas, organizaciones de derechos de las mujeres han reclamado el acceso al aborto seguro y legal.
Organizaciones locales han instado al Congreso a enmendar el código penal para legalizar el aborto bajo tres causales: cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo no es viable, o en casos de violación o incesto. También piden enmiendas para proteger a las personas LGBT contra la discriminación y a las mujeres y niñas de todas las formas de violencia, incluyendo la violencia sexual dentro del matrimonio.
La criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de República Dominicana en materia de derechos humanos. Negar a niñas, mujeres y otras personas embarazadas el acceso al aborto es una forma de discriminación que pone en peligro derechos humanos como el derecho a la vida; a la salud; a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la no discriminación; a la intimidad; y al acceso a la información. Los órganos de tratados de derechos humanos han instado reiteradamente a República Dominicana a despenalizar el aborto por completo o, como mínimo, a garantizar el acceso seguro y legal al mismo cuando la salud de la mujer o niña embarazada esté amenazada, y en el caso de embarazos resultantes de violación o incesto, o que impliquen graves malformaciones fetales.
Despenalizar el aborto es una cuestión urgente de salud pública y derechos humanos. Las autoridades deben actuar con rapidez para defender los derechos de las mujeres y niñas, permitiéndoles tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas.
