(Milán, 12 de junio de 2024) - Apenas se ha avanzado en la investigación del naufragio de un barco pesquero atestado de personas, el Adriana, frente a la costa de Pylos, Grecia, el 14 de junio de 2023, manifestaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Se calcula que en el barco viajaban 750 personas, principalmente de Siria, Pakistán y Egipto. Sólo 104 sobrevivieron; se recuperaron 82 cadáveres, pero sólo 58 fueron identificados. Más de 500 personas siguen desaparecidas. La investigación del Tribunal Naval griego sobre la posible responsabilidad de los guardacostas griegos en el naufragio, abierta en junio de 2023, sigue en fase preliminar.
"Es inconcebible que, un año después de esta horrible tragedia, la investigación sobre la posible responsabilidad de la Guardia Costera griega apenas haya avanzado", afirmó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Necesitamos ver un proceso creíble para la rendición de cuentas y el fin del ciclo de violencia e impunidad en las fronteras de Grecia".
"Cientos de familias han quedado en el limbo, a la espera de conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos", afirmó Adriana Tidona, investigadora sobre migración de Amnistía Internacional. "Las autoridades griegas deben avanzar en sus investigaciones sobre la posible responsabilidad de los guardacostas en este incidente para que por fin se haga justicia y se ponga fin a la situación de todos los afectados."
El 13 de junio de 2023, las autoridades griegas fueron alertadas de la presencia de un pesquero de arrastre sobrecargado de personas, el Adriana, en su región de búsqueda y rescate, que se hundió 15 horas después. Las investigaciones de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, denunciaron fallos de las autoridades griegas en las horas previas al naufragio y graves acusaciones de que un barco patrulla de la guardia costera griega hizo zozobrar el pesquero cuando intentaba remolcarlo.
Organizaciones no gubernamentales se unieron al caso ante el Tribunal Naval griego con una denuncia en nombre de 53 supervivientes en la que se alegaba que las autoridades griegas eran responsables del naufragio. Los supervivientes y sus familias han quedado en el limbo, pues se calcula que más de 500 personas siguen desaparecidas.
El 21 de mayo, el tribunal penal de Kalamata desestimó una causa contra nueve supervivientes acusados de contrabando y de provocar el naufragio, entre otros cargos graves, y que llevaban detenidos 11 meses en el momento del juicio. Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían expresado su preocupación por la imparcialidad del juicio, afirmando que el caso se basaba en pruebas incompletas y cuestionables, dado que aún no había concluido la investigación sobre el papel de la Guardia Costera.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch también expresaron su preocupación por la integridad de las pruebas recabadas en el marco de las investigaciones sobre el naufragio.
La solicitud del fiscal del Tribunal Naval para que se realicen análisis forense de los teléfonos de los guardacostas -que las autoridades no incautaron hasta finales de septiembre de 2023, más de dos meses después de los hechos- sigue pendiente.
