Proteger al guepardo asiático de la extinción. Tuitear un poema satírico. Asistir a una conferencia climática. Hacer campaña contra una planta energética.
Acciones como esas serian poco probables que nos hagan pensar en imágenes de terroristas suicidas o conspiradores golpistas. Sin embargo, han sido etiquetadas como “ecoterrorismo”, “extremismo” o “amenazas a la seguridad nacional” por los gobiernos y las empresas que buscan bloquear el trabajo de los activistas medioambientales.
El 29 de noviembre de 2019, jóvenes de todo el mundo se reunirán en diversos lugares para encabezar una huelga global por el clima como parte del movimiento Viernes por el Futuro (Fridays for Future). El 2 de diciembre, delegados de las Naciones Unidas, líderes mundiales, ejecutivos de empresas y activistas se congregarán para la 25ª Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Madrid para debatir formas de proteger el medio ambiente. Los participantes en estos eventos también deberían abordar formas de defender a los defensores: las personas y los grupos que se han convertido en todo el mundo en blanco de ataques como consecuencia de su trabajo en nombre del planeta.
Los peligros que enfrentan los defensores del medio ambiente van más allá de las acusaciones de que representan un riesgo para la seguridad nacional. Desde la selva amazónica hasta las comunidades mineras sudafricanas, activistas que luchan por preservar los ecosistemas y las tierras ancestrales están siendo amenazados, atacados e incluso asesinados con una impunidad casi total, descubrió Human Rights Watch. Pero en contraste con muchos de estos actos ilegales, el injusto etiquetado de los ambientalistas como amenazas a la seguridad es a menudo más insidioso, ya que generalmente se lleva a cabo con apariencia de legalidad.
Y aunque no todo el activismo ambiental sea pacífico, solo en casos excepcionales las acciones de los activistas ambientales cumplirían con una definición generalmente reconocida de terrorismo: acciones dirigidas a provocar un estado de terror entre la población causando o amenazando la muerte o lesiones corporales graves a una o más personas para promover una agenda ideológica o política. Ni, en casi ninguno de los casos, sus acciones apuntan a socavar el Estado de derecho. Por lo general, estos individuos y grupos ejercen pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Cuando participan en actos de desobediencia civil, su objetivo suele ser fortalecer y mejorar la aplicación de las medidas de protección ambiental existentes. A continuación, algunos ejemplos en que activistas ambientales han sido calumniados como terroristas u otras amenazas a la seguridad nacional:
En Polonia, las autoridades negaron la entrada en diciembre de 2018 a al menos 13 activistas climáticos extranjeros que estaban registrados para asistir a la COP24 en la ciudad sureña de Katowice, alegando que representaban una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. Junto con otras personas y grupos, los activistas habían planeado presionar a los participantes de la COP24 para que tomaran medidas inmediatas para abordar el cambio climático.
Las autoridades habían aprobado previamente una ley especial que facultaba a la policía para recopilar datos personales de los participantes en la conferencia sin supervisión judicial ni el conocimiento y consentimiento de los participantes, y prohibir las protestas espontáneas durante la COP24. También emitieron una alerta de terrorismo que autorizó llevar a cabo mayores controles de vehículos y otros controles de seguridad en Katowice y sus alrededores durante la cumbre. Los agentes fronterizos detuvieron e interrogaron a varios activistas durante horas, en algunos casos sin permitirles comunicar su paradero o contactar a un abogado.
Los activistas fueron acusados de violar la prohibición de organizar protestas relacionadas con la COP21, que se iba a llevar a cabo en Francia la semana siguiente para firmar el Acuerdo de París sobre la reducción de emisiones que contribuyen al calentamiento global.
En Irán, seis miembros de la Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF), encarcelados desde principios de 2018, fueron condenados a penas de hasta 10 años de prisión en noviembre por presunto espionaje a Estados Unidos. Durante un juicio profundamente defectuoso, oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguraron que los ambientalistas utilizaron su trabajo para proteger al guepardo asiático, una de las especies más amenazadas del mundo, como tapadera. Según los informes, en octubre se retiró un cargo contra cuatro de los acusados de “propagar la corrupción en la Tierra”, un delito que puede conllevar la pena de muerte. Otros dos miembros de PWHF también detenidos a principios de 2018 seguían esperando una fecha para el juicio. Un noveno ambientalista, el fundador de PWHF, Kavous Seyed Emami, murió pocas semanas después de su arresto bajo circunstancias sospechosas en lo que según las autoridades iraníes fue un suicidio.
Issa Kalantari, responsable del Departamento de Medio Ambiente de Irán, dijo que no había evidencia de que los ambientalistas detenidos fueran espías. Dijo que los arrestos han tenido un efecto paralizador en los grupos ambientalistas del país.
Los arrestos parecen estar motivados tanto por la “paranoia” de Irán de que los países extranjeros usan a los ambientalistas como tapadera y su reconocimiento de que la ira por la degradación ambiental puede unir a las poblaciones contra las políticas gubernamentales, dijo Kaveh Madani, ex subdirector ambiental del país. Madani regresó a su Irán natal desde Londres en 2017 para ocupar el cargo, pero dijo que fue detenido e interrogado de inmediato por los Guardias Revolucionarios, que rastrearon su teléfono, computadora, correos electrónicos y cuentas de redes sociales, y dijeron que era un “bioterrorista”, un “terrorista del agua” y un espía. Abandonó Irán siete meses después, alegando un continuo acoso, incluso por sus críticas a los proyectos de represas, construidas por los Guardias Revolucionarios.
En Kenia, la policía y los militares con frecuencia han etiquetado a los activistas ambientales que se oponen a un megaproyecto de infraestructura en la región costera de Lamu, incluida una central eléctrica a carbón, como “terroristas” mientras los someten a amenazas, palizas y arrestos y detenciones arbitrarias. En 15 casos documentados por Human Rights Watch entre 2013 y 2016, las autoridades acusaron a defensores del medio ambiente de pertenecer o estar vinculados al grupo armado extremista al-Shabab, aunque nunca presentaran pruebas convincentes.
Los activistas protestan contra la construcción del corredor de Transporte puerto de Lamu-Sudán del Sur-Etiopía (LAPSSET, por sus siglas en inglés), el mayor proyecto de infraestructura en África Central y Oriental, que incluirá un puerto de 32 muelles, tres aeropuertos internacionales, una red de carreteras y ferrocarriles, y tres ciudades turísticas. Los ambientalistas argumentan que LAPSSET contaminará el aire y el agua, destruirá los manglares y los criaderos de peces, y se apropiará de tierras de cultivo sin una compensación justa, desplazando a las comunidades y destruyendo sus medios de vida.
En julio, el tribunal ambiental de Kenia bloqueó la aprobación de la central eléctrica en ausencia de un nuevo estudio de impacto ambiental, ante su consideración de que los procesos originales de evaluación y consulta pública de los desarrolladores respaldados por China eran inadecuados. El resto del proyecto LAPSSET continúa. Lo mismo ocurre con la campaña de intimidación, dijeron a Human Rights Watch activistas que oponen resistencia al proyecto LAPSSET.
En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte en 2018 puso a 600 miembros de la sociedad civil, incluidos ambientalistas y defensores de los derechos indígenas, en una lista de presuntos miembros del partido comunista del país y su brazo armado, que declaró como organización terrorista. La “lista de terroristas” de Duterte incluía a Victoria Tauli-Corpuz, una filipina indígena que es la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y una activista del cambio climático.
A fines de 2017, Tauli-Corpuz había criticado al gobierno por los ataques y otros abusos contra las comunidades indígenas que se oponían a la extracción de carbón y diamantes en tierras ancestrales. Aunque meses después un tribunal de Manila ordenó al gobierno que borrase a Tauli-Corpuz de la lista, un agente militar de Filipinas retomó en 2019 la campaña contra ella, acusándola de “infiltrarse” en la ONU para los insurgentes comunistas. Varios expertos en derechos humanos de la ONU condenaron la inclusión de Tauli-Corpuz en la lista de terroristas.
En Ecuador, pasaron ocho años antes de que el destacado activista ambiental José “Pepe” Acacho, un líder indígena Shuar, pudiera liberarse de los cargos de “terrorismo” por sus actividades de oposición a la exploración minera y petrolera en la Amazonía. Acacho fue acusado de terrorismo en 2010 por presuntamente incitar a la violencia durante las protestas de la comunidad Shuar contra una ley minera. Fue condenado en 2013 y sentenciado a 12 años de prisión.
Human Rights Watch revisó los documentos del juicio y no encontró evidencia creíble de delitos relacionados con el terrorismo. En 2018, el Tribunal Supremo de Ecuador desestimó la condena por terrorismo, pero lo sentenció a ocho meses de prisión por “obstrucción de los servicios públicos”, un cargo por el cual nunca fue juzgado y que, por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de impugnar. Acacho pasó 17 días en la cárcel antes de recibir un indulto presidencial en octubre de 2018.
En EE.UU., en agosto de 2018, el entonces secretario del Interior, Ryan Zinke, culpó a “grupos terroristas ambientales” que se oponían a la tala de árboles por los incendios forestales en la costa oeste, una sugerencia que fue inmediatamente atacada por las principales organizaciones ambientales, entre ellas el Sierra Club. En 2017, 84 miembros del Congreso de EE. UU., la mayoría republicanos, pidieron al Departamento de Justicia si los activistas que se movilizaban contra la construcción de oleoductos podrían ser procesados como terroristas. (La respuesta del departamento fue, en algunos casos, que sí).
Ese mismo año, un importante operador de oleoductos, Energy Transfer Partners LP, presentó una demanda contra Greenpeace y otros grupos ambientalistas, acusándolos de lanzar una campaña de “ecoterrorismo” contra el oleoducto de petróleo de Dakota Access. Activistas ambientales y tribus nativas americanas habían tratado de bloquear la construcción del ducto subterráneo de 1.886 kilómetros de largo a través de Dakota del Norte durante un prolongado enfrentamiento con las autoridades en 2016, argumentando que amenazaba sitios sagrados y el agua potable. Un tribunal federal desestimó la demanda a principios de este año.
Aunque los manifestantes se comportaron en general de manera pacífica, algunos recurrieron a la violencia y fueron condenados por delitos relacionados con protestas, pero ninguno por delitos que se aproximasen incluso remotamente al terrorismo. Los expertos de la ONU condenaron las respuestas de las fuerzas de seguridad a las protestas como “excesivas”: uso de balas de goma, gases lacrimógenos, granadas de compresión y gas Mace, y condiciones de detención “inhumanas y degradantes”.
En Rusia, al menos 14 grupos ambientalistas dejaron de trabajar en los últimos años, y la líder del destacado grupo Ekozaschita! (Ecodefensa!), Alexandra Koroleva, huyó del país en junio para evitar ser enjuiciada en virtud de la draconiana Ley de Agentes Extranjeros. La ley de 2012 requiere que cualquier grupo ruso que acepte fondos extranjeros y realice actividades consideradas “políticas” se registre como “agente extranjero”, un término que en Rusia implica “espía” o “traidor”. Las autoridades han utilizado la ley para silenciar grupos que han opuesto resistencia a proyectos de desarrollo sancionados por el Estado y solicitaron a las autoridades la liberación de activistas ambientales encarcelados, según una investigación de Human Rights Watch.
Funcionarios rusos, incluido el enviado especial para la protección del medio ambiente, Sergey Ivanov, han aplicado la etiqueta de “extremista” a Greenpeace Rusia. Un activista de Stop GOK, un grupo ruso que busca bloquear las plantas de minería y enriquecimiento, fue multado en abril de 2019 por “distribución masiva de materiales extremistas” después de publicar un poema en la página de redes sociales de la organización que el gobierno había prohibido como extremista en 2012 La organización no gubernamental rusa SOVA Center, que analiza las tendencias contra el extremismo, concluyó que el poema “Último deseo para los Ivanes” es un discurso satírico para los rusos indigentes, adictos al alcohol y las drogas por parte de oligarcas y autoridades que se benefician de la extracción de recursos naturales.
Stop GOK y Greenpeace Rusia se encontraban entre los grupos nombrados en un informe de 2018 por tecnólogos progubernamentales como “extremistas ambientales” que trabajan para “fuerzas influyentes en Occidente” empeñadas en sabotear industrias estratégicas. El informe fue ampliamente cubierto por los medios controlados por el Estado.
La participación de la sociedad civil será crucial para lograr resultados ambiciosos en la COP25. Las partes que acudan a la cumbre, que incluyen a todos los países miembros de la ONU y la Unión Europea, deberían conceder a los activistas un espacio seguro para expresar sus preocupaciones sobre la crisis climática y utilizar la combinación de sus experiencias para ayudar a identificar soluciones. También deberían proporcionar a los activistas una oportunidad para hablar sobre las amenazas que enfrentan por llevar a cabo su trabajo.
Además, las partes deberían comprometerse públicamente a poner en práctica con firmeza tratados internacionales y regionales que protejan a los defensores del medio ambiente. Uno de estos tratados es el Acuerdo de Escazú (el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), el primer pacto del mundo que incluye disposiciones específicas que promueven y protegen a los defensores del medio ambiente. Veintiún países han firmado el acuerdo de 2018. Pero solo seis países lo han ratificado, cinco menos que las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Chile, que renunció a ser anfitrión de la COP25 debido a las protestas derivadas del malestar económico, pero que seguirá presidiendo las negociaciones en Madrid, debería dar ejemplo y ratificar el acuerdo.
Los participantes de la COP25 también deben comprometerse para defender la Convención de Aarhus (la Convención de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa sobre Acceso a la Información, Participación del Público en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente), de la cual España es un país firmante. La convención, un pacto ambiental para Europa, la Unión Europea y Asia Central, otorga al público, incluidos los grupos ambientalistas, una serie de derechos que incluyen la participación pública y el acceso a la información y la justicia en las decisiones gubernamentales en materia de medio ambiente, sin hostigamiento ni persecución. Algunas partes del tratado, incluida la UEy Polonia por su represión en el marco de la COP24, han sido criticadas, incluso en algunos casos por el propio organismo de supervisión de la Convención de Aarhus, por ignorar estas disposiciones.
Los delegados de la COP25 deberían reconocer que para proteger genuinamente el medio ambiente, también deben proteger a sus defensores, incluidos aquellos que son injustamente atacados en nombre de la seguridad.
Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.
