Si se tiene una condena penal, ¿debe perderse el derecho de voto?
El debate público sobre esta cuestión ha florecido nuevamente en Estados Unidos en las últimas semanas, por razones obvias. Pero, a pesar de la tendencia de los medios de comunicación a centrarse en personalidades individuales, todo el revuelo también ha sacado a la luz una cuestión fundamental.
Estados Unidos no está a la altura del resto del mundo al negar el derecho de voto a un gran número de ciudadanos por condenas penales, lo que se conoce como "felony disenfranchisement" (privación del derecho de voto por delito grave).
Un nuevo informe examina las leyes de 136 países de todo el mundo y concluye que la mayoría nunca, o rara vez, utilizan las condenas para denegar el derecho de voto a una persona. E incluso entre los países que sí lo hacen, Estados Unidos es uno de los más restrictivos, privando del derecho al voto a una mayor proporción de personas.
En la actualidad, Estados Unidos prohíbe votar a más de 4,4 millones de ciudadanos debido a condenas por delitos graves. Esto equivale a toda la población de los estados de Kentucky u Oregón.
Y, por supuesto, algunos grupos se ven más afectados que otros.Las minorías raciales y étnicas, en particular los negros estadounidenses, "siguen siendo detenidos, encarcelados y sometidos a penas más severas, incluida la cadena perpetua sin libertad condicional de forma desproporcionada...". Por lo tanto, también se les prohíbe desproporcionadamente votar.
Uno de cada 19 negros estadounidenses en edad de votar está privado del derecho al voto. Es decir, tres veces y media más que los no negros.
Una vez más, vemos el veneno omnipresente de la supremacía blanca en la historia de EE.UU. en el germen de un fracaso de EE.UU. en materia de derechos fundamentales.
Las leyes estadounidenses que ordenan la privación del derecho al voto por delitos graves se remontan al final de la Guerra Civil.
Después de que los hombres negros anteriormente esclavizados obtuvieran el derecho al voto a través de la 14ª Enmienda a la Constitución de EE.UU., los legisladores estatales comenzaron a ampliar la lista de delitos definidos como delitos graves y lograr restringir y centrarse en los negros. Al mismo tiempo, los estados empezaron a revocar el derecho al voto por cualquier condena por delito grave.
El gobierno federal prohibió oficialmente algunas de estas políticas, conocidas como "leyes Jim Crow", en la Ley del Derecho al Voto de 1965, pero las leyes de privación del derecho al voto por delitos graves siguen vigentes en 48 estados de Estados Unidos.
Puede que todo el revuelo mediático actual gire en torno a un hombre, pero no se trata de una cuestión que afecte a un solo individuo. Se trata de 4,4 millones de personas a las que se impide ejercer un derecho fundamental.
Estados Unidos no está a la altura de gran parte del resto del mundo en esta cuestión, algo extraño en un país que se considera una democracia líder.
