Would you like to read this page in English?
Yes

Son muchos los desafíos urgentes en materia de armas que deben ser abordados para proteger a civiles afectados por los conflictos y sus mortíferas secuelas. Si bien las minas antipersonales y las municiones en racimo han sido prohibidas de manera absoluta, los tratados respectivos deben ser universalizados y cumplidos plenamente. Las fuerzas militares utilizan una amplia variedad de armas explosivas —artillería, proyectiles, morteros, bombas arrojadas desde el aire y otros dispositivos— en zonas pobladas, y a menudo causan daños indiscriminados a civiles. A pesar de las cruentas lesiones que provocan, se siguen empleando armas incendiarias. Es necesario detener el desarrollo de armas totalmente autónomas —“robots de combate”— que podrían identificar y atacar objetivos sin intervención humana, a fin de evitar un futuro de conflictos bélicos y vigilancia que escape a la responsabilidad y el control humanos. Human Rights Watch investiga estos y otros sistemas armamentistas riesgosos, y trabaja en la formulación y el seguimiento de estándares internacionales para proteger a civiles de la violencia armada.

Leer una descripción de texto de este vídeo

“Pedro Cabrera”, Familiar de víctimas

Yo miré cuando [los agentes] los sacaron e ellos [mi familia] y empezaron a golpearlos en el piso a mi esposa, que la culpan que ella era guerrillera. Ella les decía que estaba embarazada porque ella tenía dos meses de embarazo, tiene. “y no, que nazca muerto ese hijo.”

Narración

Durante años, grupos armados han operado abiertamente en territorio venezolano cerca de la frontera con Colombia.

En marzo de 2021, en el estado venezolano de Apure las fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron una ofensiva contra uno de estos grupos armados.

Apure, Venezuela

Narración

Abusos contra la población local y bombardeos constantes por las fuerzas de seguridad venezolanas han obligado a miles de personas a huir de Venezuela hacia el departamento colombiano de Arauca

Arauquita, Colombia

Narración

cruzando el río que separa los dos países.

Más de 5.800 personas han huido. Muchos viven en albergues hacinados donde es casi imposible mantener el distanciamiento social para prevenir la propagación del Covid-19. En los albergues, hay escasez de alimentos, agua potable e insumos médicos y el acceso al saneamiento básico y la atención médica es limitado. Muchos otros se han refugiado en casas de familiares y zonas rurales.

La mayoría teme por sus vidas si regresan a Venezuela donde las fuerzas de seguridad han cometido atrocidades contra personas acusadas de ser parte o ayudar a la guerrilla.

Familiar de víctimas

Mi familia fue masacrada de forma brutal. Haciéndonos pasar por guerrilleros de las FARC. Cuando ellos son unas personas honestamente, humildemente campesinos, gente trabajadora.

Narración

Estos no son casos aislados. Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad venezolanas han estado implicadas en más de 19.000 asesinatos por supuesta "resistencia a la autoridad.” Desde 2014, se han llevado a cabo más de 15.000 detenciones arbitrarias y muchos detenidos fueron torturados. Asimismo, al menos 870 civiles han sido procesados ​​por tribunales militares.

“Pablo Ramirez”, Victima de abusos

Nos llegaron dos tanquetas y se bajaron un poco de militares vestidos de FAES. Empezaron a torturarme con una navaja, me preguntaban que si yo era colaborador de la guerrilla. Como no les decía lo que ellos querían escuchar entonces sacaron un alicate y me agarraron el dedo. Yo ya sentía que ya el dedo me lo iba a partir, me lo iba a arrancar.

“Jairo Urrutia”

Victima de abusos

Llegaron las Fuerzas Armadas. Me tomaron, me amarraron, me golpearon, me montaron en un camión. Duré días detenido en una condición infrahumana. El calabozo medía tres metros de ancho por cinco metros de largo. Todo encerrado sin ventanas. Había 38 personas. No nos dijeron nunca por qué.

Narración

También hubo reportes de saqueos e incendios y de destrucción de casas y cultivos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

“Antonio Rojas”, Víctima de abusos

Quemaron las casas, nos saquearon todo lo que teníamos. No nos dieron tiempo de sacar nada. Salimos únicamente con la ropa que teníamos puesta.

Narración

La Fiscalia de la Corte Penal Internacional está decidiendo si avanza con una investigación sobre las denuncias de delitos de lesa humanidad en Venezuela. La corte debe considerar los abusos en Apure.

Muchas personas que huyeron de Venezuela no podrán regresar a sus hogares pronto. El gobierno colombiano y los donantes internacionales deben garantizar que haya suficiente ayuda humanitaria disponible para ellos y Colombia debe, además, garantizar que quienes decidan quedarse tengan acceso a un estatus legal que les garantice la protección de sus derechos fundamentales.

 

Noticias

Our people